Incidencia jesuita en el Proceso de Cartagena +40: Primera Consulta Temática en México

30 mayo 2024

Los pasados 4 y 5 abril 2024, se realizó en Ciudad de México la Primera Consulta Temática del Proceso de Cartagena 40, convocada por los gobiernos de Chile y México, con el acompañamiento técnico de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR, titulada “Protección y Asistencia de las personas en situación de movilidad humana y apátridas”. 

Esta consulta se estructuró en cinco áreas temáticas de discusión: 

  1. Erradicación de la apatridia 
  2. Protección integral de las personas en movilidad humana en países de origen, tránsito, destino y retorno 
  3. Fortalecimiento de los sistemas de determinación de la condición de persona refugiada – Asilo de Calidad 
  4. Mecanismos temporales o complementarios de protección 
  5. Mecanismo de cooperación y de responsabilidad compartida 

Junto a las delegaciones de los gobiernos, las partes interesadas convocadas fueron la sociedad civil, organizaciones de personas refugiadas, academia, defensorías del pueblo, municipalidades y sector privado. Dentro de la sociedad civil, la Red Jesuita con Migrantes Latinoamérica y el Caribe fue representada por Karen Pérez, directora nacional del Servicio Jesuita a Refugiados – JRS México. 

Karen Pérez intervino en el panel “Protección integral de las personas en movilidad humana en países de origen, tránsito, destino y retorno”, presentando los principales retos, vacíos de protección y propuestas de solución para una protección integral con alcance regional a partir de la aplicación del reconocimiento de la condición de persona refugiada bajo las causales de la Declaración de Cartagena, de manera sistémica, integral y no discrecional. 

En su intervención, Karen mencionó -entre las preocupaciones- las políticas de pre-admisibilidad, las devoluciones y los acuerdos de tercer país seguro, entre otras prácticas que impiden la posibilidad de solicitar protección. Por esto, como propuestas, mencionó la posibilidad de establecer mecanismos de referenciación y atención de casos en frontera, como lugares donde se evidencian los mayores riesgos, y el llamado a los gobiernos a adoptar un enfoque de reducción de daños que establezcan sistemas que protejan a quienes se encuentran en situación de irregularidad y se abstengan de las detenciones por razones migratorias.  

Según Karen Pérez, esta primera consulta temática plantea varios desafíos para las siguientes consultas; si bien los gobiernos mencionan las buenas prácticas, aspecto que se debe resaltar, también es importante hacer una revisión de los vacíos sobre los que es necesario proponer respuestas protectoras. Esto se puede promover a través de metodologías que faciliten el diálogo interactivo entre las partes interesadas para buscar construcciones colectivas y consensos.  

Las siguientes consultas temáticas se realizarán en Brasil (mayo 2024) y Colombia (junio 2024), abordando la Inclusión e integración, y la Protección en contexto de desastres. Durante el segundo semestre se anuncian espacios regionales e internacionales que finalizarán con las negociaciones del Plan de Acción y Declaración de Chile en Ginebra, y el Evento Ministerial de conmemoración de los 40 años de la Declaración de Cartagena y publicación de dichos Plan y Declaración para el decenio 2024-2034. 

En este proceso de revisión del contexto regional actual y sus tendencias, la vigencia de la Declaración de Cartagena sigue siendo un factor determinante para la protección integral de las personas con necesidad de protección internacional. Por ello es indispensable su aplicación sistémica, integral y no discrecional por parte de los Estados que la han incorporado en sus legislaciones nacionales. 

Las obras jesuitas que acompañan, sirven y defienden a las personas refugiadas, migrantes y desplazadas forzadas en las Américas sostenemos nuestro compromiso con y para ellas, desde el trabajo cotidiano en cada territorio hasta los espacios políticos de toma de decisión del Proceso de Cartagena y otros procesos e instancias en la región, siempre para promover decisiones que mejoren y aumenten su protección.