Es la preocupante realidad evidenciada en el análisis de territorios fronterizos, liderado por el área de Incidencia del Servicio Jesuita a Refugiados América Latina y el Caribe (JRS LAC), con la participación de los equipos de trabajo en las fronteras colombo-venezolana, Nariño, Pastoral Social Pamplona, Incidencia Colombia y JRS LAC.

Durante el encuentro virtual, desarrollado el 22 de octubre 2020, se constató la compleja situación que vive la población migrante venezolana, tanto en su país de origen como en los países receptores, ya que se enfrentan a distintos “vacíos de protección”, agudizados por las condiciones que ha generado la pandemia, y a los riesgos que implica el “accionar de grupos ilegales”, con presencia en territorio fronterizo, tanto del lado colombo-venezolano como en la frontera sur con Ecuador.

Bajo este escenario, este grupo de análisis ha presentado como principales elementos que configuran la situación actual y que demandan acciones oportunas, especialmente, ante la eventual apertura de fronteras, los siguientes aspectos:

Las condiciones por las cuales la población venezolana deja su país no han cambiado, se han agudizado. Debido a la pandemia, muchos venezolanos se quedaron sin trabajo, sin ingresos, que en su mayoría provenían de actividades informales.

Las precarias condiciones del sistema de salud (sin prestación de servicios ni acceso a medicamentos) ha motivado a cientos de personas a cruzar la frontera en búsqueda de este servicio en Colombia; sin embargo, “existen reportes que exponen un importante número de casos de personas que no logran acceder a la salud”.
Sumado a esto, se presenta falencias en el sistema educativo; desabastecimiento de servicios básicos constantes como luz, agua, internet, gasolina. También la violencia se ha incrementado, ante estas condiciones, argumentan que prefieren salir de Venezuela a buscar opciones para subsistir.

El gobierno venezolano ha implementado los PASI (Puntos de Atención Social Integral), donde son ingresados los venezolanos que están retornando al país; allí, les hacen la prueba de COVID-19, cuyo resultado puede demorar 30-40 días, tiempo en que las personas deben permanecer en el lugar.

En Guana, la dinámica es de tránsito pendular. Se ha estimado que casi 300 personas, en tiempo de pandemia, soportan su sustento con la venta de combustible y de alimentos.

En relación a esta dinámica, se ha presentado “el desplazamiento forzado de personas de la comunidad indígena wayuu ante los enfrentamientos por el control del territorio y de la economía del contrabando de combustible”.

Asimismo, “se presenta una especie de volanteo de grupos irregulares en la zona para reclutar”. Por otro lado, se denuncia, por parte de la población, dinámicas de corrupción que involucran a las autoridades encargadas del control de paso en la zona.

Norte de Santander – Táchira

Se evidencia control de los pasos ilegales, denominados trochas, por parte de grupos armados organizados e ilegales, lo cual ha generado agresión, abuso y violación de derechos a migrantes venezolanos.

Sobre esta situación, Javier Tarazona, director general de FundaRedes, en una publicación de ‘Proyecto Migración Venezuela’, del Grupo Semana, con fecha 18 de octubre 2020, advierte “que más de 250 pasos ilegales en Táchira, 180 por el Zulia y 90 por el estado Apure son el espacio para que venezolanos que migran forzadamente queden a merced de los grupos armados irregulares, quienes les cobran un monto en pesos colombianos o en dólares según la cantidad de maletas que llevan para permitirles cruzar hacia Colombia…”.

Paralelo a esta realidad, señala la comunidad en la zona que en los últimos meses ha aumentado la presencia de autoridades policiales y militares en los puntos de mayor circulación, “quienes realizan controles migratorios, devolviendo a migrantes venezolanos indocumentados a la frontera, lo cual los expone nuevamente a los riesgos, ya que se ven obligados nuevamente a pasar por pasos informales, controlados por grupos ilegales”.

Se ha evidenciado que los migrantes venezolanos, desconocen sobre sus derechos y opciones como la solicitud de asilo y reconocimiento como refugiados, igualmente desconocen los procedimientos para la regularización de su condición. Esto en parte debido a que “en Venezuela no hay confianza en la institucionalidad, hay una desconfianza generalizada en el Estado”
No obstante, existen tres zonas en las que la ausencia de control ha generado mayor flujo migratorio, se trata de los municipios de Ragonvalia, Herran y Toledo, con débil oferta institucional.

Otro aspecto de análisis, con miras a proyectar acciones conjuntas y pertinentes para el acompañamiento, se centra en el margen de asistencia humanitaria: “Desde Cúcuta hacia Pamplona, trayecto que marca el inicio de la movilización de la población venezolana hacia el interior del país, hay gran cantidad de asistencia humanitaria, pero es casi nula desde Pamplona hacia Bucaramanga y hacia Málaga”. Además, se resalta que un importante número de caminantes pierden su documentación.

Cabe mencionar que la mayoría de migrantes venezolanos en condición irregular no cuentan con pasaporte (debido a su alto costo y demoras en su expedición), por lo general se identifican con cedula venezolana o carne de la patria. Preocupa la falta de documentación de la niñez.
Por otra parte, se encuentran los desafíos para el acompañamiento de los migrantes con vocación de permanencia ante la realidad social y económica de esta región. Se deben incorporar políticas y planes de integración social y económica para los migrantes en permanencia, ya que pueden aportar en la reactivación económica de los municipios y promover estrategias de inclusión y prevención de la xenofobia.

Arauca-Apure

Una de las situaciones de mayor preocupación se relaciona con la ausencia de documentación por parte de la población migrante. De igual forma, los controles fronterizos se realizan sobre las vías principales, quedando sin vigilancia los más de 50 pasos irregulares por el rio Arauca.

Existe una precarizarización de la situación humanitaria. “Se han profundizado las necesidades en salud en Apure, el hospital está totalmente lleno y hay desabastecimiento de medicamentos, de médicos y elementos de higiene”.
Por otro lado, “se presentan factores de influencia por el conflicto armado. Se han presentado casos de violencia sexual contra mujeres en los pasos irregulares, que son dominados por grupos al margen de la ley (…) También, la población civil se ha visto afectada por los explosivos lanzados contra la policía y el ejército, en zonas como Arauquita y Saravena (…) Se presenta la vinculación y reclutamiento de niños a los grupos al margen de la ley”.

Frontera colombo-ecuatoriana

Desde el inicio de la pandemia se ha agudizado la crisis humanitaria en esta zona. El flujo de personas cruzando la frontera, solicitando su retorno hacia Venezuela ha incrementado en un 45% y se ha incrementado el tránsito por los pasos ilegales. Se identifica la aparición del fenómeno de tráfico ilícito de migrantes en esta zona de la frontera.

Los actores armados irregulares son un factor que determina la dinámica humanitaria en la zona. La frontera es escenario de guerra en el que los grupos armados empiezan a ejercer control y hacen señalamientos sobre la población venezolana.
Asimismo, debido a la pandemia, “la población venezolana con vocación de permanencia se encuentra en total desprotección, se quedaron sin trabajo por las medidas de aislamiento (…) hay muchos en situación de mendicidad”.

Proyección del grupo de análisis

Este espacio de monitoreo, reflexión e interlocución busca generar acciones de visibilización, trabajo conjunto y articulación a nivel interinstitucional para la atención y respuesta efectiva al fenómeno migratorio en la región, con enfoque de protección de derechos humanos.
Es necesario mantener un monitoreo frecuente sobre la situación humanitaria de los migrantes venezolanos y sus condiciones de acceso para la protección de sus derechos humanos, evitando situaciones de riesgo y vulneración de derechos. Desde acciones de protección que debe garantizar los Estados e instituciones de gobierno tanto en frontera como en demás territorio nacional, así como la articulación de acciones desde organizaciones humanitarias y de sociedad civil.