Cada año se conmemora de manera especial el 20 de junio, Día Mundial de las personas Refugiadas, una ocasión para recordar la fortaleza y valentía de las personas   forzadas a dejar su hogar, que tejen vida más allá de las fronteras. También es una fecha para reflexionar en torno a los retos y oportunidades que enfrenta la ciudadanía global, las crisis multidimensionales por las que atraviesa el mundo, y en particular la región de Latinoamérica y el Caribe, escenarios que nos mueven “hacia un nosotros cada vez más grande”[1]. 

La no aplicabilidad de los principios y los instrumentos de protección internacional y regional – como la Declaración de los Derechos Humanos, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
y la Declaración de Cartagena-, la debilidad de los sistemas de refugio, los procesos de militarización de las fronteras, las alarmantes cifras de inanición y hambruna, y las barreas para el acceso a la vacunación contra el COVID-19, han sido factores determinantes que prueban la persistencia de la violación sistemática de derechos humanos en América Latina y el Caribe para con esta población.  En este contexto, destacamos que la solidaridad, empatía, integración y hospitalidad inician desde el recibimiento de la población refugiada por parte de las autoridades gubernamentales y de la sociedad civil en las fronteras limítrofes de cada país.  

No hay que retroceder en los esfuerzos conjuntos interestatales que apuntan a fortalecer la garantía de derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas. Es clave brindar garantías para el debido proceso para la determinación de la condición de persona refugiada, haciendo énfasis en los enfoques de niñez y de género, teniendo en cuenta, también, la temporalidad y tempestividad, “a fin de no prolongar indebidamente el sufrimiento al recordar los sucesos vividos, y promover un manejo adecuado del riesgo de revictimización como consecuencia de estos procesos”, así como el resto de garantías mínimas constituyentes del Principio del Debido Proceso[2]. 

Desde el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), seguiremos firmes en nuestra misión, acompañando, fortaleciendo y defendiendo las agendas políticas de la población refugiada y migrante. Decimos: “Nada sobre migrantes, sin migrantes”[3].  Creemos firmemente que la participación de las personas refugiadas en los escenarios de toma de decisiones es fundamental para el fortalecimiento de las políticas regionales en pro de la hospitalidad y la integración, del respeto y la garantía de los derechos humanos.  

Partiendo de lo anterior, instamos a los Estados de América Latina a fortalecer los instrumentos jurídicos que garanticen el respeto de los derechos humanos, los principios para el debido proceso para la determinación de la condición de persona refugiada, la desmilitarización de las fronteras, la garantía del acceso a todos los tratamientos para enfrentar la pandemia por COVID-19 y la apertura de espacios de toma de decisiones en la que participen organizaciones de la sociedad civil de población migrante y refugiada. Igualmente, invitamos a las comunidades de acogida a fortalecer los procesos de integración comunitaria y reivindicar los valores de la empatía, solidaridad y hospitalidad que han sido característicos en la historia de nuestra región de América Latina y el Caribe.  

JRS por una Latinoamérica garante de los derechos de la población refugiada :

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[1] Mensaje del Papa Francisco para la 107.ª jornada mundial del migrante y del refugiado 2021 

[2] Garantías mínimas constituyentes del Principio del Debido Proceso. Pg. 48. http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/DebidoProceso-ES.pdf 

[3] Rescatamos el encuentro alternativo “Nada sobre migrantes sin migrantes” llevada a cabo el 20 de enero  del 2020 en el marco  de la XII Cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD) que se realizó en Quito del 21 al 24 de enero del 2020.