El 16 y 17 de mayo de 2024 se realizó en Brasil la Segunda Consulta Temática del Proceso de Cartagena 40, titulada “Inclusión e integración mediante soluciones alternativas, integrales y sostenibles”, convocada por los gobiernos de Chile y Brasil, con el acompañamiento técnico de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR.

Como parte de la ruta metodológica, las instituciones organizadoras propusieron cinco segmentos, con el objetivo de reflexionar sobre soluciones comunes entre las delegaciones estatales, academia, sociedad civil y personas refugiadas:

1. Apoyo a las comunidades de acogida como elemento estructural de la integración social, coexistencia pacífica y cohesión social.
2. Construcción de políticas y estrategias para la inclusión económica, autosuficiencia, acceso financiero para la resiliencia, integración y contribución a las comunidades de acogida.
3. Ampliación de las vías de admisión legal a terceros países como estrategia de responsabilidad compartida
4. Retorno voluntario y apoyo a la reintegración local
5. Mecanismos regionales y de responsabilidad compartida

La Red Jesuita con Migrantes Latinoamérica y el Caribe (RJM LAC) participó en el segmento 1, mediante la voz de Jerfferson Amorim de Souza, SJ, del Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados Brasil (SJMR).

Durante su intervención, Jerfferson compartió que en la RJM LAC consideramos que la integración de las personas migrantes y refugiadas es obstaculizada por la mirada securitista y restrictiva de las políticas, pues estas amplifican discursos y prácticas de criminalización, racismo, discriminación y xenofobia. Sin embargo, las personas con necesidad de protección pueden aportar en sus comunidades de acogida si se les reconocen sus trayectoria y experiencias, lo cual implica reconocer el derecho al trabajo digno y al acceso de medios de vida suficientes. Por ello, es necesario que las personas tengan seguridad jurídica migratoria, para que puedan acceder a todos sus derechos, garantizando los principios de igualdad y no discriminación por condición migratoria, con una perspectiva interseccional e intercultural.

Desde las delegaciones estatales se destacó el papel del sector privado para impulsar los procesos de integración. Lo cual, nos parece relevante para insistir en el fortalecimiento de la coordinación entre diferentes sectores para garantizar la protección integral y sostenible de las personas sujetas de protección. Otro tema que destacó en el diálogo durante la Consulta fue el derecho a la reunión familiar como motor de los procesos de integración. 

Por ello, consideramos que el Plan de Acción de Chile debe abordar la protección y la integración desde la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos de todas las personas, incluido el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), para que sean la base de la integración y el indicador sustantivo de la calidad del asilo en las comunidades de acogida.

Como obras de la Compañía de Jesús en América Latina y el Caribe, refrendamos nuestro compromiso con las personas refugiadas, migrantes, desplazadas forzadas desde el trabajo cotidiano en cada territorio hasta los espacios políticos de toma de decisión del Proceso de Cartagena, para promover #MigracionesDignas.