Diversas organizaciones sociales y académicas de sociedad civil de Latinoamérica y el Caribe preocupadas por la crisis socioeconómica y las barreras de acceso a los derechos en la región, profundizados por pandemia del COVID- 19, realizaron en el mes de julio del año 2020 un llamamiento a la CEPAL por un Plan Estratégico para la Reconstrucción de América Latina y el Caribe. A partir de esta propuesta, distintos sectores de la sociedad civil se han movilizado para identificar los múltiples diagnósticos y lograr un análisis amplio sobre los efectos del COVID-19 en la población migrante forzada, refugiada y desplazados internos y las apuestas de diferentes plataformas ante las crisis derivadas de este.

Con el propósito de construir un conjunto de propuestas con las voces de movimientos sociales de diversos sectores de la sociedad civil en la región, se adelantaron encuentros sectoriales, entre ellos, el Encuentro sobre población refugiada y migrantes, en el mes de septiembre, que dio lugar al presente pronunciamiento, en el que se incluye propuestas dirigidas a la CEPAL y también a otros organismos internacionales y gobiernos de la región.

Este proceso parte de un enfoque de derechos humanos con un espíritu de solidaridad de América Latina, en el que se reconocen las múltiples estrategias locales, nacionales y regionales, la diversidad de trabajos y apuestas de plataformas, organizaciones sociales y organizaciones de población desplazada, refugiada y migrante.

La pandemia ha exacerbado vulnerabilidades preexistentes, asociadas al retroceso de los marcos normativos de derechos universalmente reconocidos, afectando a la población desplazada, refugiada y migrante dependiendo de los distintos niveles de protección social en cada país y la situación del estatus migratorio y de protección internacional. Observamos que, las condiciones de la migración en situación irregular son particularmente desfavorables, ya que la mayoría no están registrados en los programas de apoyo social y/o cobertura del sistema de seguridad social, son rechazados y discriminados en razón de su nacionalidad, y además temen ser expulsados o deportados. A partir del conocimiento de las múltiples dinámicas de desplazamiento forzado interno, búsqueda de protección internacional1 y migratorias2 de la población en América Latina y el Caribe, y de la experticia de las organizaciones y la academia, se identificaron como principales afectaciones a la población desplazada, refugiada y migrante las siguientes problemáticas:

1. Cierre de fronteras, suspensión de la atención para solicitar refugio y asilo los servicios migratorios. Esta situación ha conllevado un evidente debilitamiento del sistema de asilo y refugio en la región y se ha incrementado el retraso y el limbo de los procesos administrativos que afectan la documentación y la regularización de la población migrante.
2. Inmovilidad, personas varadas. Tras el cierre de fronteras y las cuarentenas obligatorias, migrantes se quedaron confinadas sin poder continuar su ruta migratoria, sin las condiciones necesarias para protegerse de la pandemia y sin ningún tipo de atención ni protección ante la enfermedad.
3. Desalojos y albergues inhóspitos sin bioseguridad. Se presentaron desalojos de viviendas a migrantes por falta de pago, en algunos casos mediados por amenazas según el contexto territorial de violencia, llevándolos a la habitabilidad de calle, incrementando riesgo de contagio Covid-19. Ante la situación de las personas varadas, desalojadas, migrantes y refugiados sin techo, en los albergues o estaciones migratorias han sido insuficientes las capacidades y las acciones de asistencia que no cuentan con las garantías de bioseguridad.
4. Retornos sin condiciones de dignidad, seguridad, voluntariedad, ni bioseguridad. Población que se ha quedado sin ingresos para sobrevivir durante las cuarentenas, principalmente proveniente de Venezuela, ha retornado (forzadamente para la mayoría) de manera colectiva. Se han creado estereotipos que le atribuyen a los retornados y a los migrantes en general, llevar el Covid-19 a los territorios de origen, tránsito y destino, aumentado la discriminación hacia los retornados cuando regresan a sus hogares.
5. Deportaciones sin debido proceso y principio de no devolución en riesgo. Se han mantenidos las medidas de deportación y como acciones erróneas de contención del virus, han hecho que las personas con necesidad de protección internacional sean particularmente vulnerables a ser devueltas a lugares donde sus derechos humanos corren riesgo, inclusive sin medidas de bioseguridad.
6. Xenofobia y politización del fenómeno migratorio. Se hadetectado incremento de expresiones xenófobas por parte de la población receptora, de medios de comunicación y por parte de algunas autoridades estatales, que tratan a personas extranjeras como portadoras del virus.
7. Migrantes y trabajadores excluidos, desempleados, disminución o cesación de ingresos y crisis alimentaria. Ante los altos niveles de informalidad y las barreras de regularización, la población ha disminuido sus ingresos y también las comidas diarias, afectando su seguridad alimentaria y nutricional, con especial afectación a niños y gestantes. Los programas nacionales de subsidios económicos por la pandemia excluyeron a migrantes y/o los condicionaron al estatus migratorio y otras barreras.
8. Barreras de acceso a la salud. En algunos países la atención en salud es discriminatoria por las dificultades de afiliación a sistema de salud o por xenofobia. Además, se identifica a. Afectaciones particulares en la salud mental ante el incremento de estrés y depresión; b. barreras de acceso para salud sexual y reproductiva; c. Migrantes se inhiben de pedir información o ayuda, aun en casos de presencia de Covid-19 por temor a discriminación o a der deportado; d. Hay poca información de número de contagios y muertes por Covid-19 discriminada por nacionalidad.
9. Exclusión e híper-nacionalismo selectivo. Los países han tendido a focalizar las ayudas en nacionales de cada país y en el mejor de los casos en población regularizada. Muchas medidas para mitigar el impacto no incluyen a la población migrante y refugiada en los paquetes de ayuda con víveres, lugares dignos para poder hacer cuarentenas o apoyos económicos estatales.
10. Incremento de la militarización en fronteras, abusos de poder e hipervigilancia en contra el derecho a la libre movilidad. Se han redoblado los controles migratorios y en algunos casos las fronteras se han militarizado aún más. Se observa una espiral de violencia al sur como externalización de la contención de las fronteras desde Estados Unidos. Ante el cierre de fronteras y la hipervigilancia existe un mayor riesgo de trata de personas, explotación y tráfico de migrantes.
11. Espacios de confinamiento y detención. Algunos países han mantenido las prácticas inadecuadas de detención migratoria manteniendo personas confinadas en condiciones de hacinamiento con deficientes condiciones sanitarias y sin protocolos de bioseguridad. En el caso de las personas migrantes en unidades penitenciarias también son críticas las cifras de contagio y muertes por Covid-19.
12. Desprotección generalizada y mayor vulneración de derechos humanos, en especial para sujetos de especial protección como niños y niñas, mujeres en general y particularmente gestantes, lactantes, adulto mayor, personas con discapacidad y enfermos, población LGTBIQ. Riesgo de afectación diferencial de mujeres en fronteras, pasos irregulares y grave riesgo de trata por el confinamiento.
13. Niñez y adolescencia y barreras para la reunificación familiar. En algunos países se mantienen las deportaciones de niños no acompañados. Hay una vulneración particular del derecho a la educación para niños migrantes forzados, desplazados y refugiados, al no contar con oportunidades de garantía de acceso a la educación, mayor deserción por no internet o por retorno y dificultades de conexión remota.
14. Desprotección de población desplazada forzada interna. Tanto para la población desplazada de años atrás como para la que padeció el desplazamiento forzado durante la pandemia, se ha reducido la capacidad de apoyos socioeconómicos y ayuda humanitaria por parte de organizaciones sociales y no se han destinado programas diferenciales por parte de los Estados. Además, la crítica condición de pobreza de la población desplazada se profundizó, generando, en algunos casos, que la población habitara en calle o se regresara a sus lugares de expulsión manteniendo el riesgo.
15. Disminución de la atención y apoyo humanitario, así como disminución de apoyo consular. En algunos casos albergues cerraron parcialmente la recepción de personas, se reestructuraron sus espacios de alojamiento e implementan rutas de autocuidado y atención vía telefónica, implicando que los procesos de diálogo sean despersonalizados. Los procesos de apoyo en medios de vida y soluciones duraderas para desplazados, refugiados y migrantes, se vieron reducidos por la cuarentena y continuaron desconectados de política social sostenible.

Propuestas dirigidas a la CEPAL y también a otros organismos internacionales y gobiernos de la región:

1. Mantener y reforzar los altos estándares de protección de personas desplazadas, refugiadas y migrantes, avanzar en la implementación normas destinadas a garantizar el goce efectivo de sus derechos basados en la Declaración de Cartagena (1984) y su actual Plan de Acción Brasil, El Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, Los principios Deng y Pinheiro y los pactos globales para refugiados y migrantes.
2. Atender las pautas de derecho internacional de los derechos humanos que las distintas agencias de la ONU y los órganos del sistema interamericano han desarrollado en los últimos meses en torno a la implementación de medidas diferenciales para personas desplazadas, refugiadas y migrantes, durante la pandemia3. Particularmente, garantizar el acceso a territorio en condiciones de protección humanitaria, así como el acceso al debido proceso para la regularización y/o el asilo.
3. Promover una respuesta de salida a la crisis de la pandemia desde un enfoque centrado en derechos humanos, donde el respeto al derecho a la vida sea el pilar de acción, a través de las garantías de derecho a la salud y derechos como la protesta social.
4. Promover una reactivación económica y social, que garantice la inclusión de migrantes y refugiados en políticas sociales bajo las mismas condiciones que la población receptora sin discriminación alguna, ni condicionadas por el estatus migratorio, por ejemplo, que sean partícipes de programas como la adopción de una renta mínima universal. La reactivación debe contener un plan de ayudas con criterios de focalización y sostenibilidad, que contemplen medidas de atención especiales para población desplazada y refugiada, migrantes trabajadores esenciales que están en precarización, con una atención especial a población retornada, en migración forzada itinerante y con dificultades de reunificación familiar, que cobije prioritariamente a niños, niñas y adolescentes no acompañados.
5. Promover la gestión del conocimiento en el sector público, privado, organismos de cooperación internacional, academia y comunidades, de tal manera que a través de distintos retos locales, regionales y nacionales en materia de refugiados y migrantes, en el marco de un proceso de reestructuración económica y social, se brinden propuestas Interinstitucionales e intersectoriales, y bajo el principio de corresponsabilidad.
6. Incorporar un fondo especial de respuesta para desplazados, migrantes y refugiados, que permita la obtención de recursos desde diferentes actores que permita materializar y dar sostenibilidad a programas y proyectos locales, nacionales, binacionales o regionales, enfocados en la estabilización de la población de interés y su paulatino proceso de integración socio-económica y cultural en los respectivos lugares de acogida.
7. Asegurar que las respuestas que se desarrollen en torno al COVID estén alineadas con resolver problemas estructurales, desigualdades y retos en materia migratoria y de protección internacional preexistentes. Dicha respuesta debe de tener como eje central a las personas migrantes y refugiadas, y a partir de ahí, generar las condiciones que garanticen sus derechos, no solo en tiempos de emergencia sino de manera permanente. Las políticas públicas migratorias deben ser incluyentes y garantes de los derechos de la población migrante y refugiada, deben dotar de un estatus regular a la población migrante y refugiada, facilitar mecanismos de inserción social de población migrante, reconociendo las vulnerabilidades en términos de condiciones laborales-situación migratoria-hábitat.
8. Realizar una identificación de necesidades subregionales, sobre todo en áreas particularmente vulnerables ante distintos procesos que socavan el bienestar de la población: ambientales (pérdida de recursos naturales para la sobrevivencia); presencia de factores de violencia en ámbitos rurales (intradoméstica, por una parte, y comunitaria frente a la operación de delincuencia organizada) y urbanos (territorios de operación de pandillas, que acosan especialmente a mujeres, niños, niñas y adolescentes, menores no acompañados y también casos de violencia hacia población en “situación de calle”).
9. Dar cobertura a sectores de la población excluida de redes/canales institucionales de la protección social y realizar acciones diferenciales que los distintos grupos de poblacionales en contexto de movilidad humana sufren discriminación y exclusión de manera diferenciada.
10. Entender el fenómeno complejo de la movilidad humana desde una óptica de responsabilidad compartida que requiere sinergia y solidaridad no solo por parte de los Estados sino de todos los actores involucrados. Es decir, Estados, las organizaciones internacionales y la sociedad civil para brindar una respuesta regional y global efectiva a los desafíos derivados de la pandemia.
11. Garantizar una participación efectiva y articulada de las organizaciones de desplazados, migrantes y refugiados y de la sociedad civil en un sentido amplio, en sus respectivos países y a través de en un esquema amplio de cooperación que, a su vez, se integre en un marco de cooperación internacional y acuerdos multilaterales para proveer a la sociedad de bienes globales como la salud, la paz, la estabilidad financiera, la seguridad climática y la igualdad. Fomentar un marco de cooperación sur-sur.
12. Se debe asegurar que el apoyo al financiamiento para el desarrollo incorpore medidas concretas frente a las necesidades diferenciadas de la población migrante y refugiada, incluyendo: apoyar la creación y fortalecimiento de programas de apoyo alimentario, protección contra desalojos y transferencias monetarias, independientemente de la condición migratoria, reforzando estrategias que garanticen alcance a sectores invisibilizados a causa de su condición irregular. Desarrollar mecanismos de generación de ingresos y empleabilidad para migrantes y refugiados, cuidando las percepciones de competencia entre nacionales, migrantes y refugiados, ante el posible comportamiento de rivalidad agudizado por la recesión económica de la región. Todo ello como responsabilidad de los Estados con el apoyo de la cooperación internacional.
13. Mejorar los sistemas de información y transparencia sobre a) el manejo de la información de población migrante y refugiada afectada por la pandemia; b) la información sobre los programas existentes, la forma de acceder a ellos y c.) las medidas de protección de la condición migratoria, de tal manera que genere confianza y disipe temores de persecución hacia la población migrante y refugiada.
14. Implementar más programas de prevención de la xenofobia, que ha sido fomentada muchas veces desde las mismas instituciones gubernamentales y exacerbada en el contexto de la pandemia. Estos programas deberían ser a través de capacitaciones a funcionarios públicos y estrategias de comunicación amplia sobre los derechos de la población migrante independientemente de su calidad migratoria y la realización de acuerdos con medios de comunicación sobre el manejo de información responsable, y sin narrativa discriminatoria en el marco de los DDHH.
15. Desarrollar programas garantes de la educación de niños, niñas y adolescentes, independientemente de su estatus migratorio, permitiendo el acceso a internet para población en edad escolar y subsidiar servicios de recarga telefónica para migrantes y refugiados en general.
16. Promover a que Estados suscriptores del Plan de Acción Brasil, a ahora más que nunca redoblar esfuerzos, acompañados por las organizaciones sociales, en la implementación de dicho plan, específicamente el Programa Asilo Seguro y de Calidad, así como el Programa Fronteras Seguras y Solidarias.
17. Fomentar que los países latinoamericanos se unan y busquen alternativas migratorias eficaces para la protección de migrantes y refugiados, realicen seguimiento a los compromisos ya adquiridos y a su vez, reactiven procesos de integración regional, direccionados a la construcción progresiva de una ciudadanía latinoamericana y del caribe.

Plataformas y organizaciones firmantes:

• Red Espacio Sin Fronteras
• Consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento. CODHES.
• Grupo Articulador Plan de Acción de Brasil. GARPAB.
• Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Cejil
• Servicio Jesuita a Refugiados. Oficina Regional Latinoamérica y el Caribe
• Servicio Jesuita a Refugiados Colombia
• Sin Fronteras IAP
• Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello Cristosal
• Grupo de Investigación: análisis comparado sobre migración y desplazamiento internacional en las Américas (CAMINAR).
• Instituto Pensar Universidad Javeriana
• Proyecto (In)movilidad en las Américas.
• Scalabrinianas Mision co Migrantes y Refugiados – SMR
• CAREF
• Asociación APUVIMEH Honduras
• HIAS LAC
• CDH Guayaquil
• Asociación de Consultores y Asesores Internacionales