Bogotá, Colombia, 20 de junio de 2024

El 19 y 20 de junio de 2024 se realizó en Colombia la Tercera Consulta Temática del Proceso de Cartagena+40, titulada “Protección de personas en Contextos de Desplazamiento Forzado por Desastres”, convocada por los gobiernos de Chile y Colombia, con el acompañamiento técnico de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR.

América Latina es considerada la segunda región del mundo más vulnerable a los efectos adversos del cambio climático, además, un tercio de su población vive en zonas altamente expuestas a desastres socioambientales. En los últimos años, hemos visto a lo largo de todo el continente el incremento e intensificación de desplazamientos forzados por estas causas, en donde los Estados han desarrollado pocas medidas eficaces e integrales que permitan prevenirlos, como para garantizar su protección internacional.

Por ello, esta tercera consulta temática se diseñó para abordar las barreras -existentes y nuevas- para proteger a las personas en situación de desplazamiento forzado por cuestiones medioambientales y ligadas al cambio climático, desde un enfoque de género, interseccional e intercultural. Asimismo, se propuso como meta construir propuestas orientadas a soluciones concretas y duraderas para prevenir estos desplazamientos, así como para fortalecer la protección de las personas desplazadas. 

El proceso general Cartagena +40 (por el 40° aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados) incluyó dos consultas temáticas previas centradas, respectivamente, en la protección y en la integración de personas refugiadas y con necesidades de protección internacional. La consulta de Bogotá fue la última donde se recogieron insumos antes del proceso de negociación entre Estados que será en Ginebra, Suiza.

Esta consulta se dividió en tres segmentos: 

1. Estrategias de prevención, respuestas y ayuda humanitaria en los países más afectados
2. Fortalecimiento de la protección internacional en los países de acogida, y 
3. Marcos y procesos regionales que abordan el tema en Latinoamérica y el Caribe. Articulación y sinergias con el plan de acción de Chile.

Como parte de la sociedad civil continental consideramos que se requieren respuestas integrales y concertadas a nivel regional, y que para ello las redes y organizaciones  sociales, de derechos humanos y de base comunitaria, y las personas refugiadas, migrantes y desplazadas forzadas deben ser escuchadas y tomadas en cuenta. 

María Teresa Urueña, responsable de incidencia de la Red Jesuita con Migrantes Latinoamérica y el Caribe (RJM LAC) participó en el segmento sobre fortalecimiento de la protección internacional, en representación de obras y universidades jesuitas de todo el continente. Durante su intervención, insistió en la importancia de reconocer los impactos desproporcionados del cambio climático en personas y comunidades marginalizadas, por lo que resaltó la necesidad de que estas situaciones se aborden desde un enfoque transversal de protección y derechos humanos, con una perspectiva interseccional que reconozca desigualdades de género y raciales, entre otras. Además, subrayó el vínculo innegable entre el desplazamiento forzado por estas razones y el modelo económico extractivo que impera en nuestra región, que despoja y destruye los territorios, vulnera el derecho a un medio ambiente sano e intensifica los efectos del cambio climático.

También mencionó que, como obras y universidades jesuitas, hemos identificado que este contexto de desastres socioambientales se conecta con otras múltiples afectaciones que amenazan a la integridad, seguridad y libertad de las personas que se ven obligadas a huir y que encuentran una respuesta de contención migratoria en países de tránsito y destino, dejándolas desprotegidas. A todo ello se suma uno de los mayores retos: el reconocimiento de desplazamientos por desastres socioambientales y los efectos adversos del cambio climático como una causal objetiva de protección. Por ello, María Teresa insistió en la propuesta de adicionar esta razón a las ya reconocidas expresamente en la Declaración de Cartagena.

Desde la RJM LAC insistimos en que Cartagena+40 es una oportunidad única para diseñar, impulsar e implementar políticas y prácticas de prevención, atención y protección que promuevan la garantía de derechos para quienes no pueden desplazarse, para quienes se desplazan dentro de las fronteras nacionales y, aún más, para quienes cruzan una frontera internacional en búsqueda de protección, debido a desastres socioambientales y a los efectos adversos del cambio climático. Asimismo, señalamos que es fundamental fortalecer a las comunidades de acogida, de tal manera que se promuevan acciones de hospitalidad en toda la región.