América Latina y el Caribe es la región en desarrollo más afectada en el mundo por la pandemia del COVID-19, con un registro del 28% de las muertes a causa de la pandemia, a pesar de que en la región habita solo el 8,4% de la población mundial.

Los países de América Latina y el Caribe enfrentan desafíos en diversos aspectos para controlar la pandemia. La propagación del COVID-19 y sus efectos económicos y sociales se ven agravados por los problemas estructurales de la región, principalmente: los elevados niveles de desigualdad, informalidad laboral, desprotección social, pobreza y vulnerabilidad. Asimismo, la región se caracteriza por poseer sistemas de salud y protección social débiles y fragmentados, también existen asentamientos urbanos marginados en expansión, carentes de acceso a servicios básicos. Se presentan a su vez, grandes flujos migratorios y desplazamientos de población, así como conflictos de diversa índole, y sufre de manera desproporcionada las consecuencias de la crisis climática (CEPAL, 2020).

En la región, el éxodo venezolano es el mayor presentado en la historia reciente y una de las mayores crisis globales de desplazamiento forzado, después de la compleja situación en Siria; a esto se suma que cientos de miles de centroamericanos siguen huyendo de sus países a causa de la violencia, violación de derechos humanos y deterioro de condiciones de seguridad.

Las cifras de desplazamiento forzado se cuadriplicaron en el último decenio y a causa de la crisis humanitaria generada por la pandemia, los migrantes forzados y refugiados venezolanos y centroamericanos han sido doblemente afectados (JRS LAC, 2020).

En cuanto a los planes nacionales de vacunación contra el COVID-19 e implementación de los mismos, se evidencia la diferencia en la demanda y disponibilidad de vacunas de acuerdo a los niveles de ingreso de los países, así como en la planificación y buen uso de los recursos. A nivel general, en los planes de vacunación contra el COVID-19 en la región están excluidos los migrantes en condición irregular, lo cual debe ser reconsiderado incluyéndolos de manera igualitaria y sin discriminación, para que se pueda garantizar la vacunación universal y acceso al sistema de salud a todas las personas, indistintamente de su estatus migratorio, y para garantizar una efectiva protección en la salud pública a toda la población, en especial la que se encuentra en mayores condiciones de vulnerabilidad.

Los primeros países en comenzar a implementar sus planes de vacunación fueron Chile (24 de diciembre 2020), México (24 de diciembre 2020), Argentina (29 de diciembre 2020), Ecuador (21 de enero 2021), Venezuela (18 de febrero 2021), Colombia (20 de febrero 2021). Recientemente se han comenzado a entregar vacunas a través del mecanismo COVAX (tiene como objetivo garantizar el acceso a la vacuna a países en vías de desarrollo en un momento en que la OMS advierte de la enorme desigualdad en la distribución de este fármaco contra el SARS-CoV-2). El primer país en la región en recibir vacunas a través de este mecanismo multilateral ha sido Colombia (en la primera fase recibió 117.000 dosis, proyecta recibir 2.670.600), se proyectan próximas entregas en Perú y Honduras. En algunos países de la región se proyecta recibir las siguientes dosis a través de COVAX: México (6.472.800), Ecuador (885.600), Brasil (10.672.800), Venezuela (1.425.600), entre otros.

En los países de la región con presencia de oficinas del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), se realiza el siguiente análisis en cuanto a los planes de vacunación y la inclusión de la población migrante y refugiada:

Situación analizada por JRS Ecuador:

Ante la pandemia causada por el COVID – 19, el Gobierno de Ecuador presentó el “Plan Vacunarse”, con cronograma, metodología y metas. La planificación, presentada en tres fases, se proyecta hasta el mes de junio del 2021, fecha en la que – se anuncia – habrá vacunas aseguradas por parte de las farmacéuticas.

Para entonces, en Ecuador habrá un nuevo Gobierno que continuará o no el plan de vacunación presentado, tema que está pendiente. Según el plan del Gobierno, se han “contratado” 20 millones de dosis, con lo que aspira vacunar al 60% de la población.

Según el Plan Vacunarse:

• El proceso de vacunación será universal y gratuito para la población ecuatoriana (ecuatorianos y residentes). Ello supone que la población migrante forzada y refugiada no regularizada que se encuentra en el país, no tendría acceso a vacunarse. Esta situación será preciso revisar después de que asuma el nuevo gobierno.
  
• La vacunación tendrá una aplicación progresiva, priorizando bajo criterios sanitarios de riesgo (exposición) y mortalidad (grupos de mayor incidencia de muerte por número de contagios), y de acuerdo a la disponibilidad de vacunas;
• El Gobierno Nacional ha instalado toda la capacidad necesaria para vacunar hasta 160.000 personas por día para alcanzar el objetivo de inmunizar entre el 60 % y 70 % de la población.

Situación analizada por JRS Colombia:

• En Colombia, el 20 de febrero 2021 se dio inicio al proceso de inmunización, basados en el Plan Nacional de Vacunación estructurado por el Gobierno Nacional, el cual establece dos fases y cinco etapas, teniendo como priorización los grupos de riesgo y así progresivamente alcanzar 35 millones de colombianos vacunados. El objetivo en su primera fase es reducir la mortalidad y la incidencia de casos graves por este virus, así como proteger a los trabajadores de la salud; mientras que en la segunda fase es reducir el contagio para generar inmunidad de rebaño.
• Para acceder a la vacunación, el Ministerio de Salud y Protección Social identificará a las personas a vacunar en cada etapa del Plan, de acuerdo con los grupos poblacionales priorizados y conformará gradualmente la base de datos maestra de vacunación, de acuerdo con la información contenida en las bases de datos oficiales con las que cuenta el Estado colombiano y estén disponibles. Es decir, las bases de datos de las Entidades Promotoras de Salud – EPS-.
• Para la población migrante forzada que se encuentra en condición regular en el país, será mucho más fácil acceder a la vacunación, pues así, ellas no estén afiliadas a una EPS, el gobierno nacional ha identificado que estarán incluidos en las mismas condiciones que la población nacional, es decir, de acuerdo con el enfoque de priorización establecido. Además, señaló que el Permiso Especial de Permanencia – PEP – (documento que los hace regulares en el país) es válido como documento para acceder a vacunación. La única desventaja es que el migrante deberá acceder a la página web habilitada por el Gobierno Nacional para identificar el día y la hora de su cita, y recordemos que con las condiciones económicas y de vulnerabilidad en la que se encuentra la población migrante forzada venezolana, es poco probable que tenga acceso a herramientas tecnológicas para hacer un seguimiento a su caso.
• La población migrante que está en condición irregular no está incluida en el Plan Nacional de Vacunación, si bien, señalan en el documento oficial que no significa que no serán vacunadas, manifiestan que buscarán el apoyo de la cooperación internacional, de manera que no solo se tenga disponibilidad de biológicos, sino que también se cuente con sistemas de información que permitan el seguimiento a la población vacunada para garantizar la segunda dosis así como monitorear los posibles eventos supuestamente atribuidos a la vacunación contra COVID-19.

Situación analizada por JRS México:

El Gobierno de México a través de la Secretaría de Salud ha declarado públicamente que las  personas migrantes y refugiadas en México tendrán acceso a la campaña de vacunación[1]. Sin embargo, el documento de la Política Nacional Rectora de Vacunación contra el SARS- CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México[2] no hace mención sobre los procedimientos que deben seguir las personas migrantes y refugiadas que se encuentran en el      país.

Conviene señalar que la política de vacunación en México tiene como objetivo “inmunizar como mínimo al 70% de la población en México para lograr la inmunidad de rebaño contra el virus SARS-CoV-2” donde se incluye al “100% del personal de salud que trabaja en la atención de la COVID-19” y al “95% de la población a partir de los 16 años cumplidos”.

Para llevar a cabo el proceso el Gobierno de México ha establecido los siguientes ejes de priorización de la vacunación: Edad de las personas; Comorbilidades personales; Grupos de atención prioritaria, y Comportamiento de la epidemia.

Cabe señalar que en ninguno de estos ejes se ha contemplado a las personas migrantes y refugiadas, incluso en el caso de los grupos de atención prioritaria sólo se mencionan a personas que viven con discapacidad e incluso a niñas, niños y adolescentes, aunque no se prevé vacunar a menores de 16 años.

Para poder acceder a la vacuna el Gobierno de México habilitó una página de internet en la que las personas adultas mayores podrían hacer su pre-registro, sin embargo, en ese formulario el primer requisito es contar con la Clave de Única de Registro de Población (CURP) por lo que se excluye a las personas con situación migratoria irregular, quiénes al no tenerlo se ven imposibilitadas a continuar su proceso de pre-registro[3].

Para el caso de las personas con estatus migratorio regular, las solicitantes de refugio y las personas refugiadas[4] el obstáculo viene en la segunda parte del proceso, ya que después de hacer el pre-registro para las vacunas se les cita en algún módulo o clínica en una fecha y hora determinada para que se les vacune. Como ya se mencionó, los procesos de vacunación se desarrollan con un “enfoque primario de mayor vulnerabilidad territorial”, por lo que las personas deben comprobar que residen en determinada área geográfica mediante la presentación de la credencial para votar otorgada por el Instituto Nacional de Migración, documento al que únicamente tienen acceso las personas de nacionalidad mexicana (por nacimiento o naturalización).

Cabe señalar que se ha tenido conocimiento de que personas con estatus migratorio regular y personas con residencia permanente en México han logrado acceder a las vacunas presentando comprobantes domiciliarios a su nombre y sus pasaportes o tarjetas de residencia temporal/permanente, sin embargo, se trata de casos aislados de personas que habitan en zonas urbanas y que cuentan con el asesoramiento legal, por lo que no pueden ser considerados como casos representativos.

Con base en lo anterior, se puede concluir que la política de vacunación contra el SARS- CoV-2 en México incluye desde el discurso oficial a las personas migrantes y refugiadas, pero las excluye en los procedimientos de aplicación. Por tal motivo es fundamental que las Organizaciones de la Sociedad Civil y los Organismos Internacionales promuevan diálogos con el Gobierno de México y demás gobiernos de la región, con miras a incidir en la integración efectiva de las personas migrantes y refugiadas en las campañas de vacunación.

_[1] Ver: https://latinus.us/2021/02/24/secretaria-salud-afirma-migrantes-recibiran-vacuna-contra-covid-19- registro-solicita-curp/

[2] Disponible en línea en: https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_COVID_- 11Ene2021.pdf

[3] Amnistía Internacional advirtió sobre esta exclusión el 05 de febrero de 2021: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/02/mexico-registro-vacunacion-excluye-importantes- sectores-poblacion/

[4] Las personas solicitantes de refugio en México reciben una CURP temporal que les posibilita, en teoría, el acceso al mercado laboral y los servicios educativos y de salud. No obstante, las limitaciones que tiene la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) durante la pandemia ha provocado que el otorgamiento de las CURPs temporales sea muy lento por lo que muchas personas solicitantes de la condición de refugiado deben esperar semanas para obtenerla.