La migración, causada por la violencia generalizada, la persecución, la pobreza, la intolerancia y discriminación, el abuso de poder, los efectos del cambio climático y la impunidad se han convertido en la preocupación de los países de América Latina y el Caribe, dejando una profunda herida al ver cómo cientos de miles de personas huyen de sus países y hogares en busca de protección y una vida digna. En este proceso, el hambre, la incertidumbre y la desesperanza, acentuados más aún por las actuales condiciones de pandemia, son sus compañeros de viaje.

Hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas transitan, muchas veces caminando, por los países de la región, expuestos a los peligros producidos por la violencia, la trata de personas, las violaciones a derechos, la falta de acceso a servicios básicos, en últimas, la falta de políticas públicas migratorias con enfoque de protección y acordes a los compromisos internacionales adquiridos por los Estados en la materia, lo cual se ha hecho evidente en las últimas semanas, puesto que se ha optado por la militarización de algunas fronteras en nombre de la llamada «seguridad nacional”, dejando de lado la responsabilidad de brindar protección internacional a las personas que la necesitan.

Ejemplo de lo mencionado, es la militarización de la frontera entre Guatemala y México (1), entre Bolivia y Chile (2) y otras fronteras como las peruanas y ecuatorianas (3) que ponen en riesgo a personas con necesidad de protección internacional de diferentes nacionalidades, principalmente de origen venezolano y colombiano, así como el anuncio de la construcción de un muro entre Haití y República Dominicana (4), lo cual afectaría a las personas haitianas que se desplazan forzadamente a causa de la violencia, pobreza y corrupción.

Los principios de acceso al asilo, no-devolución, unidad familiar, tránsito digno y seguro, reasentamiento solidario, movilidad laboral, erradicación de la apatridia, acceso a servicios básicos, acceso a la educación y la salud, entre otras, se han quedado como planes de acción, muchas veces no ejecutados por los gobiernos y desconocidos por otros.

Desde 2015, la sociedad civil ha venido acompañado como Grupo Articulador Regional del Plan de Acción Brasil (GARPAB) el impulso y seguimiento del Plan de Acción Brasil, promoviendo el respeto de los derechos de las personas en situación de movilidad humana, y haciendo llamados a los Estados para el cumplimento de dicho plan; también por años, hemos visto y acompañado los rostros de la migración forzada, los cuales hoy más que nunca, se encuentran en un escenario de mayor riesgo, pues la militarización de algunas de nuestras fronteras los está llevando a sufrir violaciones a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, a lo que se suman las crecientes expresiones de xenofobia impulsadas por diferentes medios de comunicación y algunos líderes políticos, llevando al peligroso escenario de “globalizar el odio y la indiferencia”.

Por todo esto, las instituciones que conformamos el GAR-PAB y que firmamos este pronunciamiento, hacemos un llamado a los Estados para que la respuesta a la migración forzada que hoy tiñe de dolor nuestros pasos y caminos fronterizos, sean políticas públicas basadas en el respeto a los derechos humanos, a la libertad de tránsito y a la protección internacional. No queremos una sociedad insensible y poco solidaria. Asimismo, llamamos a que con la misma urgencia se promuevan y fortalezcan políticas públicas dirigidas a responder a las necesidades de las poblaciones más vulneradas de los países de acogida, para que nuestro continente alcance condiciones de bienestar, justicia social, respeto y promoción de los derechos de todos sus habitantes, contribuyendo de esa forma a escenarios dignos de integración entre las comunidades de acogida y, la población migrante y refugiada.

Que se promueva la asistencia humanitaria, las soluciones duraderas y las expresiones de solidaridad en las poblaciones de nuestros países respetando la interculturalidad de nuestros países.

Que los gobiernos mantengan una política de puertas abiertas en sus fronteras para aquellas personas que buscan seguridad y vivir en paz, en busca de la reunificación con sus familias y de ser una esperanza.

Finalmente, hacemos un llamado que, como región, se avance en una implementación decidida y solidaria de la hoja de ruta identificada en el Plan de Acción de Brasil, de modo que se logre fortalecer la protección y promoción de acciones para ofrecer una respuesta coordinada y efectiva a las necesidades de las personas refugiadas, desplazadas internas y apátridas en América Latina y el Caribe. Recordamos a los gobiernos la importancia de la Declaración de Cartagena y el Plan de Acción Brasil como documentos claves para actuar ante escenarios de movilidad forzada, así como instamos a que basen sus respuestas públicas en lo contemplado en el Programa “Fronteras Solidarias y Seguras” parte de dicho Plan.

¡Migrar de forma segura y ordenada es un derecho que debe ser tutelado por todos los Estados!

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