El 11 y 12 de diciembre de 2024 se realizó en Santiago de Chile el Evento Ministerial del Proceso de Cartagena+40, que contó con la presencia diversos Estados de América Latina y El Caribe, organizaciones de sociedad civil, organizaciones lideradas por personas refugiadas, academia, organismos internacionales, entre otros, para la adoptar de la Declaración y el Plan de Acción de Chile 2024-2034. 

Estos documentos se construyeron a lo largo del 2024 en dos etapas. La primera consistió en las consultas temáticas que se realizaron en México, Brasil y Colombia, espacios en los que se se abordaron diversos temas como: la “Protección y Asistencia de las personas en situación de movilidad humana y apátridas”; la “Inclusión e integración mediante soluciones alternativas, integrales y sostenibles”, y la “Protección de personas en Contextos de Desplazamiento Forzado por Desastres”. Organizaciones y redes de sociedad civil de toda la región nos articulamos para participar en estos espacios y contribuir a partir de nuestra experiencia acompañando a las personas en desplazamiento, solicitantes de refugio, refugiadas y apátridas aportando información fundamental para que fuera incluida en el plan de acción.

La segunda etapa fueron las negociaciones llevadas a cabo en Ginebra entre septiembre y diciembre, en las que las misiones permanentes de los países de América Latina y El Caribe discutieron ambos documentos. Como lo señalamos en septiembre, las organizaciones de la sociedad civil no tuvimos la oportunidad de estar en los espacios de discusión. Solo en el intermedio de la etapa conocimos los borradores para hacer sugerencias. Esto dificultó el diálogo con los Estados y, por tanto, no hubo una participación sustantiva y efectiva que garantizara una negociación democrática.

Durante el evento ministerial diversos actores plantearon la importancia de Cartagena, sus aportes y sus implicaciones para la región. El espacio inició con un repaso histórico de lo que ha sido la Declaración de Cartagena desde su creación y en cada una de sus revisiones decenales. Esta memoria sirvió para resaltar el espíritu solidario y vanguardista de Cartagena, así como la necesidad de que se continúe con el trabajo mancomunado para lograr la protección integral que la declaración puede brindar a las personas refugiadas, desplazadas y apátridas en la región.

Los Estados, por su parte, resaltaron su trabajo para la protección de personas refugiadas en cada país, en muchos casos señalando la necesidad de abordar la realidad como una responsabilidad compartida desde la cooperación. También hicieron presencia países del Caribe, que subrayaron que los impactos del cambio climático y los desastres los están viviendo las poblaciones más vulnerables, por lo que es importante generar acciones concretas, efectivas y urgentes para protegerles.

En el evento participaron actores como la CIDH, organizaciones de personas refugiadas y desplazadas, redes de las organizaciones de la sociedad civil y la academia. Algunos puntos claves de sus intervenciones fueron:

1. El respeto del principio de no devolución, y la necesidad de garantizarlo en todo momento.
2. Se deben robustecer los sistemas de determinación de la condición de refugiado de manera inclusiva, con una participación ampliada para ello (sociedad civil, empresas privadas, organizaciones lideradas por personas refugiadas y desplazadas, Estados).
3. El reconocimiento de la importancia de los procedimientos prima facie en la simplificación de procesos para los Estados.
4. La interseccionalidad como elemento clave para comprender las vulnerabilidades diferenciadas y, a partir de ello, generar respuestas adecuadas y pertinentes para proteger a todas las personas.
5. La posibilidad de acceso a territorio y procedimientos de refugio para las personas desplazadas por los efectos adversos del cambio climático y desastres socioambientales.

Celebramos la creación del mecanismo de seguimiento y coordinación del Plan de Acción a implementarse durante los próximos 10 años, insistimos en que este debe garantizar una participación efectiva y sustantiva de personas refugiadas y desplazadas, organizaciones chilenas, redes de las organizaciones de la sociedad civil y la academia. Por ello, desde las organizaciones de la sociedad civil anunciamos el próximo envío de una propuesta para establecer espacios claros de participación.

Desde la RJM LAC insistimos en que Cartagena +40 es una oportunidad única para promover un marco de protección integral en la región que, desde el espíritu de solidaridad y hospitalidad, concrete la garantía de derechos humanos para las personas más vulnerables que se desplazan por la región. Como red de la sociedad civil seguiremos prestas a trabajar en conjunto desde nuestra experiencia de acompañar a personas refugiadas, desplazadas y comunidades de acogida.

A continuación, compartimos las intervenciones del Grupo Articulador Regional de Organizaciones Lideradas por personas Refugiadas y desplazadas a la fuerza en América Latina y el Caribe (GARLOS), de la Hermana Rosita Milei, de las redes de organizaciones de sociedad civil y el documento adoptado por los Estados de Declaración y Plan de acción de Chile 2024 – 2034:

Refugiadas y desplazadas a la fuerza en América Latina y el Caribe

Intervención Hermana Rosita Milei

Intervención de las Redes de Organización de Sociedad Civil

Declaración y Plan de acción de Chile 2024 – 2034